La tarde en verdiblanco se ha convertido en un auténtico polvorín con la noticia del levantamiento parcial de cautelares que pesaban sobre el paquete mayoritario de acciones por parte de la Sección Primera de la Audiencia Provincial. La noticia que adelantó Radio Sevilla ha comenzado a circular en los medios y no se han hecho esperar los gestos de repulsa total y absoluta al regreso de Lopera u Oliver y de respaldo al actual presidente, Juan Carlos Ollero. La fecha señalada para que tenga efecto el levantamiento de las medidas cautelares es el 31 de julio, si bien Lopera no podría tomar posesión, si es que esto finalmente ocurre, hasta septiembre ya que el consejo de administración actual debería convocar una junta de accionistas para el cambio de manos y ésta ha de ser señalada con un mes de antelación. En resumen, se le devuelve la propiedad del club y la capacidad de tomar decisiones, le permite sentarse en el consejo de administración y le devuelve los derechos políticos, pero se mantiene es el embargo de los bienes de Lopera. La Sala decide también que no procede la nulidad de las decisiones en las que participó el juez recusado Calle Peña.
La Audiencia ha considerado que el mantenimiento de las medidas cautelares podía suponer una suerte de anticipación de la pena. Asimismo, el órgano judicial entiende que la calificación del concurso, el auto de procesamiento, la demanda mercantil por la propiedad de las acciones y el caso abierto contra varios ex consejeros por presuntos delitos justifican que haya suficiente “vigilancia” para que no haya que temer nada en la gestión del club. "Durante este periodo de tiempo se han puesto en marcha distintos mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla para la protección del normal funcionamiento de las sociedades mercantiles, con el propósito de impedir que actos similares puedan volver a suceder en el Real Betis, a lo que debe unirse el avanzado estado del presente procedimiento penal, finalizada ya la fase de instrucción y delimitados los hechos que en principio serán objeto de enjuiciamiento, que asimismo genera un contexto de vigilancia pública y general de los procesados, pese a lo cual, y dada la complejidad de la causa, no obsta que el dictado de sentencia pudiera demorarse aun unos años, lo que a nuestro de juicio, de mantenerse las medidas cautelares adoptadas, resultaría desproporcionado a la vista de los argumentos anteriores, puestos en relación con los derechos de los procesados que resultan restringidos. Por ello, puede concluirse que la finalidad de evitar la reiteración delictiva ha ido perdiendo su consistencia como fundamento de la medida cautelar adoptada ante el transcurso del tiempo, durante el cual, pese a haberse producido un reforzamiento de los indicios, también se han puesto en marcha, como se ha indicado anteriormente, otros mecanismos legales tendentes al mismo fin, sin perjuicio de los restantes mecanismos existentes (véase a tal efecto, lo dispuesto en el artículo 83 del Real Decreto legislativo 1/10, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de sociedades de capital), lo que diluye la necesidad del mantenimiento de la medida en un procedimiento penal”.
Entretanto, el actual consejo de administración, presidido por Juan Carlos Ollero, estaba reunido en el Benito Villamarín valorando asuntos deportivos cuando saltó la noticia. El club verdiblanco ha analizado el nuevo escenario que ahora se presenta tras el levantamiento de las medidas cautelares. A la conclusión de la reunión los miembros han trasladado mensajes de tranquilidad, prefiriendo no hacer declaraciones por el momento.
La Audiencia ha considerado que el mantenimiento de las medidas cautelares podía suponer una suerte de anticipación de la pena. Asimismo, el órgano judicial entiende que la calificación del concurso, el auto de procesamiento, la demanda mercantil por la propiedad de las acciones y el caso abierto contra varios ex consejeros por presuntos delitos justifican que haya suficiente “vigilancia” para que no haya que temer nada en la gestión del club. "Durante este periodo de tiempo se han puesto en marcha distintos mecanismos que el ordenamiento jurídico contempla para la protección del normal funcionamiento de las sociedades mercantiles, con el propósito de impedir que actos similares puedan volver a suceder en el Real Betis, a lo que debe unirse el avanzado estado del presente procedimiento penal, finalizada ya la fase de instrucción y delimitados los hechos que en principio serán objeto de enjuiciamiento, que asimismo genera un contexto de vigilancia pública y general de los procesados, pese a lo cual, y dada la complejidad de la causa, no obsta que el dictado de sentencia pudiera demorarse aun unos años, lo que a nuestro de juicio, de mantenerse las medidas cautelares adoptadas, resultaría desproporcionado a la vista de los argumentos anteriores, puestos en relación con los derechos de los procesados que resultan restringidos. Por ello, puede concluirse que la finalidad de evitar la reiteración delictiva ha ido perdiendo su consistencia como fundamento de la medida cautelar adoptada ante el transcurso del tiempo, durante el cual, pese a haberse producido un reforzamiento de los indicios, también se han puesto en marcha, como se ha indicado anteriormente, otros mecanismos legales tendentes al mismo fin, sin perjuicio de los restantes mecanismos existentes (véase a tal efecto, lo dispuesto en el artículo 83 del Real Decreto legislativo 1/10, de 2 de julio por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de sociedades de capital), lo que diluye la necesidad del mantenimiento de la medida en un procedimiento penal”.
Entretanto, el actual consejo de administración, presidido por Juan Carlos Ollero, estaba reunido en el Benito Villamarín valorando asuntos deportivos cuando saltó la noticia. El club verdiblanco ha analizado el nuevo escenario que ahora se presenta tras el levantamiento de las medidas cautelares. A la conclusión de la reunión los miembros han trasladado mensajes de tranquilidad, prefiriendo no hacer declaraciones por el momento.
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