La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha concluido el sumario del caso en el que investiga la gestión de Manuel Ruiz de Lopera al frente del RBB entre los años 1993 y 2008 y por la que acusa al máximo accionista verdiblanco de “delito continuado de apropiación indebida por gestión desleal y un delito continuado de apropiación indebida por administración desleal y/o societario."
El sumario será remitido ahora a la Audiencia Provincial, quien seguramente decidirá la apertura de juicio contra Lopera. Se cumplen siete larguísimos años desde que en marzo de 2008 la Fiscalía asumió la denuncia presentada por la asociación Béticos por el Villamarín ante la Fiscalía General del Estado, a la que después se sumaron Por Nuestro Betis y la Liga de Juristas Béticos. La causa, demorada por numerosos motivos, ha tenido como precepto más importante la disposición de las medidas cautelares aplicadas en julio de 2.010, que aún están vigentes y que implican la administración judicial del paquete mayoritario de acciones, propiedad de Farusa.
El RBB está arrestado desde entonces, descuidado por administradores que no disponen de la competencia exigida para dirigir los designios de un club como el Betis. José Antonio Bosch, de infausto recuerdo, tomó el testigo del prematuramente fallecido Juan Manuel Gómez Porrúa, y en la actualidad es Francisco Estepa el que intenta gobernar, sin demasiado tino, a una entidad sumida en el pozo de la segunda división. Tras la mítica manifestación del 15 J, el Betis parecía tener un horizonte más despejado pero el desconocimiento de estos mequetrefes y sus medidas despóticas están condenando a la entidad helioplitana.
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