Excelente trabajo de síntesis una vez más el de Mateo González, redactor de deportes de ABC en Sevilla, para comprender el complejo proceso judicial que está afectando al presente y al futuro de la entidad.
"Las noticias sobre procedimientos judiciales en los que se está jugando el presente y el futuro del Betis llenan las páginas de los diarios y los minutos de radio. Una amalgama de casos con protagonisas similares (Lopera, Oliver, León…) y que inducen a cierta confusión al aficionado que se acerca a ellos. El Betis intentará aclarar su futuro con el trabajo que se desarrolla en el club y, en paralelo, con la vía judicial que ha de reubicar su realidad accionarial y hasta económica por la restitución del supuesto daño que se prevé, así como las posibles consecuencias judiciales para los anteriores gestores de la entidad, que podrían no tener opción de regresar.
Alaya y las cautelares
Es el caso que más tiempo lleva abierto. Se inició en 2008 impulsado por una demanda de Béticos por el Villamarín ante la Fiscalía, a cuya instrucción se sumaron con una querella criminal el resto de plataformas (Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos). Hasta ahora sólo se ha procedido a la instrucción, en la que la juez Mercedes Alaya ha tenido un papel determinante al procesar a Lopera por un presunto delito societario continuado en su gestión del club desde 1993 hasta 2008, ya que se han visto indicios de que Lopera se benefició en más de 30 millones de euros de la interposición de sus empresas (Tegasa y Encadesa) en el funcionamiento del Betis. Es desde este juzgado, el de Instrucción 6, donde se lleva la administración judicial del 51,34 por ciento de las acciones, es decir, la intervención del gobierno de la mayoría accionarial del club antes liderada por José Antonio Bosch y ahora por Francisco Estepa. Además, se dictaron los embargos (hasta 33 millones de euros) de los bienes de Lopera. Quedan un par de flecos por resolver (la inhabilitación pedida del juez de la Audiencia donde recaen los recursos, entre ellos)antes de que la Audiencia opine sobre la vasta instrucción de Alaya y considere si hay juicio o no, y si se mantienen las medidas cautelares. Todo apunta a que se conocerá la fecha del juicio antes del verano. Como máximo, Lopera tendría que devolver al Betis los 33 millones citados y pagaría una multa por el triple de esa cantidad. Es un caso penal, por lo que deriva también condena de cárcel, en este caso de trece años. También están procesados colaboradores de Lopera como Guillermo Molina, Ángel Martín o Ana María Ruiz. La mayoría de autos judiciales avalan la postura de la acusación, mientras que la Fiscalía ha ido modificando su parecer hasta situarse más cerca de las tesis de Lopera, sobre todo en el asunto de las cautelares, aunque los juicios celebrados en este mes avalarían su permanencia.
El concurso
Es el primer juicio que se ha celebrado, a principios de este mes. Tras la administración concursal del Betis, que estructuró la deuda (que llegó a alcanzar los 90 millones de euros) y acordó el plan de pagos, el juzgado tenía que determinar si en los dos años anteriores a la declaración del concurso (la antigua suspensión de pagos), los directivos del Betis habían obrado correctamente o habían acrecentado las deudas en perjuicio de la entidad. Por este motivo tanto los administradores concursales como la Fiscalía pidieron la restitución al Betis de hasta 29,5 millones de euros y penas de inhabilitación de quince años para, principalmente, José León, Farusa, Lopera, Oliver, Castaño, Rodríguez-Sacristán y Vergara. Durante el juicio, celebrado en el Mercantil 1 ante el magistrado Eduardo Gómez, se destaparon las operaciones (salida de jugadores, contratos con empresas creadas ad hoc, fichajes, comisiones) que pudieron incidir en el incremento de la deuda mientras los consejeros conocían la delicada situación económica del club. El caso está visto para sentencia a la espera de un nuevo informe pericial que ha de presentar Oliver, precisamente elaborado por el mismo perito que ha intervenido por la defensa de Farusa en el tema accionarial y que participó en este juicio avalando las tesis de Lopera, que podría ser expuesto la semana próxima.
Las acciones de Farusa
Es el juicio que se ha celebrado esta semana. También en el Mercantil 1 pero ante otro juez, Francisco Javier Carretero. En él se discute si en el 92 se suscribieron correctamente el 31,38% de las acciones que obran en poder de Farusa. Los demandantes son 17 accionistas béticos que han pedido que esas acciones se declaren nulas y sean puestas a disposición de todos los aficionados mediante una venta guiada por parte del Betis. La cuestión está en si Farusa, sociedad de Lopera, pagó el dinero de esas acciones o utilizó el que llegó al Betis a través de un préstamo con las cajas de ahorro de 1,8 millones de euros para titular 30.869 acciones, el 31,38 % a su nombre y así tener la mayoría de la entidad, así como otras 6.000 acciones que titularon Léon y el fallecido Manuel Morales, y que presuntamente abonaron con un pagaré del Betis que avalaba un préstamo de Unicaja asumido por el Plan de Saneamiento antes del 30 de junio de 1992. El perito de parte de los demandantes aportó documentos contables con los que se deduce que el 30 de junio de 1992 faltaban más de 422 millones pesetas de los 1.175 millones del capital social, importe presuntamente no aportado realmente por Farusa. En este caso no hay penas de cárcel ni económicas más allá de las costas y lo que se solicita es desposeer a Lopera de esas acciones y que puedan estar a disposición de los béticos. Si fuera así, el paquete mayoritario del Betis quedaría reducido, en función de lo que estime el juez como no aportado a la fecha de la constitución de la SAD a un 20 ó un 25 por ciento (si prospera este pleito quizás se planteen otros nuevos por más cantidades que afectarían al paquete mayoritario), y esto podría afectar a la futura gobernabilidad del club. La sentencia se espera para justo antes del verano.
La acción social
Es un caso que se pisa con el del concurso. Una iniciativa de José Antonio Bosch que en 2012 presentó, cuando era administrador judicial, y por la que se le pide la restitución de 1,3 millones de euros al club por parte de Oliver, León, Vergara, Rodríguez-Sacristán y Castaño por una serie de operaciones realizadas a finales de 2010 en las que su gestión pudo perjudicar al club. El caso tiene audiencia previa en el Mecantil 2 para 2017, así que va para largo con posible inicio del juicio en 2018.
Pieza separada de Oliver
Esa causa nace de la instrucción de Alaya, que bloqueó la transmisión de acciones entre Farusa y Bitton Sport, y conoció a través de los informes de sus administradores judiciales el presunto saqueo del Betis en la etapa de Oliver. Los escritos de acusaciones de Béticos por el Villamarín, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos piden para los exconsejeros León, Rodríguez-Sacristán y Oliver penas de cárcel (seis para Oliver y tres para los dos restantes) además de multas de hasta 1,6 millones de euros por presunto delito societario, apropiación indebida y blanqueo de capitales. Además de todo ello, se solicita una indemnización de unos 2,5 millones de euros al Betis por el presunto perjuicio causado. El juicio está programado para finales de este año."